Los lamentables hechos sobre las torturas a soldados en la guarnición militar de Honda, ponen de manifiesto más que los execrables faltas y delitos allí cometidos, un eslabón mas en la cadena de errores que está cometiendo el presidente Uribe, pues si bien es cierto que es obligación del Estado y sus instituciones reprimir con firmeza esta clase de desafueros, también lo es que el Primer Mandatario debe actuar con cabeza fría, acorde a su investidura y tomar las decisiones al margen de lo calenturientas que puedan ser las circunstancias en que se producen los problemas.
Los hechos, de por si repudiables, merecen antes que tomar decisiones apresuradas, un análisis un poco mas reposado con el fin de llegar no tanto al fondo del problema, pues por lo bárbara de la conducta, se deduce inmediatamente que es inusual y verdaderamente un hecho aislado en el seno de una Institución como el Ejército de Colombia, que se ha distinguido a través de toda la historia como una de las favoritas de la aceptación nacional. La tradición militar exige dureza y rigor extremo en el entrenamiento de sus hombres. Es cierto que las instituciones militares, especialmente el Ejército colombiano, deben formar a sus hombres en las duras condiciones que imponen la actual situación de conflicto interno y lo agreste del territorio nacional; de hecho los cursos de combate para oficiales y suboficiales, así como los entrenamientos para todos sus miembros, son bastante exigentes físicamente, pero de ahí a torturar con tanta sevicia a unos pobres soldados, hay una distancia considerable.
Lo normal y usual en el Ejército de Colombia es la protección y formación de todos sus miembros, especialmente aquellos recién ingresados y por consiguiente los mas jóvenes. Dentro de la cultura militar, es una obsesión educar y proteger a subtenientes, cabos y soldados, por su juventud e inexperiencia y porque cuando ese objetivo se consigue, la Institución así como el Estado, pueden contar con elementos probos y eficientes. Las conductas agresivas contra los subalternos, son repudiadas y castigadas con dureza y de manera expedita, valiéndose de los códigos disciplinarios y la depauperada Justicia Penal Militar – le cabe este adjetivo por los recurrentes ataques a que ha sido objeto por parte de sectores políticos proclives a las exigencias tanto de los grupos terroristas, como de las sempiternas ONG’s y sectores políticos de izquierda, apoyándose lamentablemente en errores que las instituciones armadas han cometido, pero que han dejado a este estamento de tanta tradición y respeto entre los militares, convertido en un camión sin llantas –; por ello no se concibe una conducta atroz y perversa como la que aplicaron algunos miembros de la Institución en Honda y amerita que sobre ellos caiga la ley con toda su dureza.
Las causas de estas faltas son insondables, porque las Fuerzas Militares y de Policía, están compuestas por seres humanos iguales a todos los demás colombianos, con todos sus defectos, virtudes y por ende susceptibles de cometer errores, incluso de actos aterradores como los que estamos analizando y en la mayoría de los casos, provenientes de los estratos menos favorecidos de la sociedad. El ser humano es indescifrable y por tal razón es difícil comprender conductas tales como la tortura y asesinato de infantes, la prostitución y drogadicción infantil impulsada por sus progenitores, violación y masacres de niños, corrupción, etc. Esta insuceso pudo darse fácilmente en cualquier entidad pública o privada – se ha dado en otras entidades o estamentos –, por lo que no es necesario ahondar en una supuesta crisis humanitaria en las filas militares. El hecho se dio y sin mayor alharaca debe ser sancionado rigurosamente por las instancias judiciales correspondientes.
Los relevos y destituciones que de han producido a pesar de lo dolorosos e injustos que puedan parecer, son justificados porque las cabezas de las instituciones militares deben aportar su cuota de sacrificio por aquello que el comandante es responsable de todo lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos. Falta que se exija su corresponsabilidad al general Ospina, quien como cabeza de las Fuerzas Militares, también debe aportar su cuota por honor y porque es el máximo responsable de las instituciones castrenses. Sería ideal que los altos funcionarios civiles también respondieran – en aras de la justicia e igualdad – con sus cargos por los innumerables casos de corrupción y omisiones criminales en otras instituciones. Incrementaría la menguada credibilidad de que actualmente gozan ante la opinión pública, a diferencia de la Fuerza Pública nacional que a pesar de los errores y arbitrariedades, gozan de la comprensión pública y por consiguiente del aprecio y respeto nacionales.
Un aspecto que el presidente Uribe ha ignorado – no se sabe si por acción u omisión – es la importancia y eco que tienen algunas de sus acciones en los militares y especialmente en el seno de sus familias. El acto de ignorar abiertamente la jurisdicción de la Justicia Penal Militar en el problema de Honda, significa inicialmente una humillante bofetada para la clase militar, pues a pesar de lo repudiables que son los hechos, los militares tienen un fuero especial y sin ser un erudito en jurisprudencia, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que las torturas y vejámenes a que algunos militares sometieron a los soldados del Batallón Patriotas, son de competencia típica de la justicia militar, pues fueron cometidos en un acto del servicio y por causa y razón del mismo, sin importar que desde hace dos días los más sesudos juristas estén debatiendo y otorgándole la razón al Jefe del Estado.
Lo anterior causa desazón en las filas militares y obviamente en sus familias, pues estas últimas son las que mas sufren las vicisitudes de sus padres, esposos, hermanos e hijos. Y sin tratar de justificar a las bestias causantes de las torturas – ni más faltaba – los militares y sus allegados resienten el deterioro incesante del fuero militar. Cabe anotar que detrás de cada militar y policía, hay un núcleo familiar como mínimo de cinco personas adultas y con capacidad de votar e influir decididamente en la reelección de un presidente, por lo que no se entiende que el Primer Mandatario de los colombianos, haya elegido humillar a los militares a cambio de una hipotética votación de otros sectores nacionales y de evitarse la andanada de críticas de las ONG’s.
Los golpes a los militares – tal como el que acaban de sufrir, por los hechos y sus consecuencias – debilitan la voluntad de combate de sus miembros y de paso fortalecen a los grupos terroristas.