Nuevamente debe Colombia lamentar la muerte de varios de sus hijos, especialmente aquellos quienes como los policías y soldados exponen sus vidas en aras de la tranquilidad. Esta vez les tocó en fatídica suerte a varios miembros de la Dijin, quienes al parecer formaban parte de un grupo experimentado, valioso y pulcro, en la lucha colombiana contra el narcotráfico.
A más del dolor y la estupefacción de todos los colombianos normales – los de bien, porque es fácil inferir que los anormales que tenemos en nuestra patria estarán contando el hecho como un éxito – ninguno de quienes no hemos experimentado semejante tragedia, puede describir los resultados de tamaña desgracia en el seno de sus familias. Mis sinceras condolencias a sus familias y paz en sus tumbas.
Pero luego de apurar este trago amargo, la reacción lógica del ciudadano común es comenzar a hacerse preguntas sobre las causas del insuceso y a pesar de que ya muchos de los sesudos expertos nacionales en el tema han emitido sus hipótesis y pontificado sobre lo divino y lo humano, no resisto la tentación de plasmar mi humilde opinión al respecto, fundamentado en mi condición de soldado en uso de buen retiro y con alguna experiencia en la lucha contra los males que nos quejan.
En muchas oportunidades en épocas anteriores, cuando unidades de la Policía Nacional necesitaban explotar una información en un área rural, se efectuaban coordinaciones laterales entre los comandantes militar y policial de la región, o si era necesario estos contactos se establecían desde Bogotá y los comandantes afectados sencillamente emitían las órdenes del caso, apoyándose ambas instituciones inclusive con medios logísticos o de combate con resultados altamente satisfactorios para las fuerzas y para la tranquilidad nacional. Un hecho como el que nos ocupa y otros que se han dado recientemente en similares circunstancias, era raro hasta hace unos cinco años, de por sí nunca se dieron. Ni siquiera en los tiempos del vergonzoso proceso 8000.
Los tiempos han cambiado pero desgraciadamente las mentalidades institucionales no, pues sin saberse si es por el afán del éxito o por la fatídica desconfianza entre las instituciones armadas, especialmente entre el Ejército y la Policía, parece que los canales de comunicación entre las dos se mantienen interrumpidos, con las consecuencias que nos ocupan. No de otra manera se explica que una comisión policial que sale desde Bogotá, no tome contacto y pida el apoyo tanto de las unidades militares como policiales del departamento del Valle, pues si nos atenemos a los informes de prensa, ni siquiera el Departamento de Policía del Valle, estaba enterado de la operación del malogrado grupo élite de la Dijin. Mucho menos las unidades militares afincadas en el departamento.
Es cierto que en los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública, se profesa la religión de la compartimentación, que consiste en que cada cual debe saber únicamente lo que le compete, para evitar precisamente hechos de corrupción o fracasos operacionales. Pero en este caso, la guarda del secreto de la operación antinarcóticos, se extremó a grado máximo. ¿No era posible o siquiera imaginable que el general Naranjo o alguno de sus colaboradores inmediatos hicieran una llamada por microondas al comandante de la Tercera División o de la brigada y le comentara que un grupo selecto iba a transitar por el área rural de Jamundí, sin mencionar detalles sobre a quien iban a allanar o capturar? Parece que no y ahí tenemos el incidente con sus lamentables resultados.
De acuerdo a las declaraciones en los medios, la operación era ultrasecreta y nadie, además de los miembros sacrificados de la Dijin, estaba enterado. Entonces, ¿Cómo es posible que la información se haya filtrado y si como dicen, aparentemente fue enviada a la patrulla del Ejército por narcotraficantes mostrando al comando de la Dijin como un grupo de secuestradores? Y si no fue así, de igual manera la información se filtró y produjo el desastre.
Independiente de que haya sospechas o cierta suspicacia sobre la posibilidad de filtración de la información si se comparte con otra fuerza, o sobre la posibilidad de que una u otra estén permeadas por la corrupción, las instituciones armadas deben tener en cuenta que cada una de ellas ejerce jurisdicción legal sobre todo el territorio nacional y con funciones perfectamente delimitadas. El Ejército Nacional ejerce la jurisdicción rural de todo el territorio nacional, así como la Policía Nacional la mantiene sobre los cascos urbanos colombianos. La sola posibilidad de desplazamiento en áreas rurales de fracciones policiales, debe ser informada y coordinada con la unidad militar de la región. Esta ha sido una costumbre a través de la historia moderna de nuestro país y con mayor razón en los actuales momentos en los que por fin existe la voluntad política de atacar frontalmente el narcoterrorismo de manera conjunta.
No se trata de emitir juicios ni endilgarle la culpa a una u otra institución. Para ello contamos con los organismos judiciales. Es hasta aceptable que ocurran enfrentamientos en la selva entre fracciones militares, pues la misión y la inmensidad, así como las características de nuestro territorio, el tamaño de nuestro Ejército y el cansancio de una guerra tan larga, dan pie para que haya confusión y ocurra un incidente trágico de esta clase. Pero la sana lógica nos dice que estos hechos entre dos instituciones de naturaleza, misiones y zonas de operaciones diametralmente opuestas, no deben darse.
Hace algunos años nuestra legislación contaba con una figura que evitaba siquiera la posibilidad de un enfrentamiento tan lamentable como el de Potreritos y se denominaba Control Operacional, consistiendo básicamente que el comandante militar más antiguo mantenía el control sobre los demás organismos armados para efectos operacionales. Esta modalidad desapareció aparentemente por los celos entre las Fuerzas Armadas pues una no permitía que la otra tuviera alguna preponderancia sobre ella y permitió la aparición de otra figura denominada la Coordinación y la Asistencia Militar, sin embargo como vemos este mandato legal no se aplica.
Lo ideal es que el Ejército Nacional, como fuerza terrestre preponderante en el ámbito rural, mantenga el control operacional sobre las demás fuerzas obligándolas a mantener un lazo de comunicación; así también la Policía Nacional debe ejercer este control en los cascos urbanos y las Fuerzas Militares deben informarla sobre cualquier actividad operacional urbana antes de ejecutarla. La profusión de unidades especializadas urbanas de carácter militar y policial, como Gaulas, Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y otras similares obligan a que el Ejecutivo piense un poco sobre la necesidad de modificar la normatividad legal que rige las operaciones de la Fuerza Pública. No se trata de que una fuerza ejerza un mando dictatorial o hegemónico sobre la otra, sino que cada cual aplique su experiencia en el campo en donde es docta.
Por supuesto que las Fuerzas Militares y de Policía deben mantener su identidad propia, pero esto no es óbice para que se comporten como integrantes de un estado sometido a la agresión narcoterrorista, compartan información y apoyos, pues en últimas tanto ejército como policía – sin demeritar la importante labor de la Armada y Fuerza Aérea, las que también están aportando su cuota de sangre en el conflicto colombiano – son las instituciones que están afrontando el sacrificio cotidiano en las personas de sus soldados y policías. Es sencillamente estúpido que por los celos y la desconfianza de unos y otros, estemos sufriendo tragedias como la presente.
Existe otra solución para este trágico incidente y es la creación de la Central Única de Inteligencia, idea que había sido esbozada por el malogrado Pedro Juan Moreno Villa, pero que desgraciadamente nació muerta porque por un lado los intereses políticos de uno y otro sector, se encargaron de bloquearla y por otro lado, los sempiternos celos entre las diferentes instituciones armadas le dieron el puntillazo final.
La decisión sobre este tema es única e indelegable del Presidente de la República y debe tomarse luego de efectuar consultas y estudios a nivel de organismos de inteligencia, por ejemplo de Estados Unidos, en donde existen organismos de este tipo que funcionan correctamente a pesar de los celos entre las diferentes fuerzas – allá también los hay – para luego implementarla y ponerla a funcionar pero sacándola de la torta burocrática y entregándosela a un general de las Fuerzas Militares, integrando medios y los mejores expertos de las Fuerzas Militares, Policía, DAS y CTI, porque si se entrega a un civil, mas temprano que tarde termina politizándose y convirtiéndose en un problema mucho más grave que el que se quiso solucionar.
Esta Central de Inteligencia reportaría sus resultados al Presidente de la República, Ministro de Defensa, Comandante de Fuerza y Director de la Policía, Director del DAS y Fiscal General, entregando a cada uno solamente lo que por la naturaleza de su cargo deba conocer. Por ejemplo, al Jefe del Estado y su Ministro de Defensa, todo lo concerniente a la Inteligencia Estratégica interna y externa; a los comandantes de fuerza lo referente a grupos narcoterroristas y delincuencia común; al DAS y CTI, lo necesario para que cumplan eficientemente su función institucional. Esto evitaría entre otras cosas que las Fuerzas Militares cumplan funciones policivas, así como que la Policía Nacional cumpla misiones típicamente militares, y el DAS y CTI, que controlen lo de su competencia, evitando con ello hechos de corrupción, falta de coordinación, derroche de esfuerzos, afán de pantalla en los medios y en últimas, las tragedias como la que nos ocupa.
Por otro lado, la decisión del presidente Uribe de trasladar el caso a la justicia ordinaria es como mínimo ofensiva para la Fuerza Pública y podría lindar con la ilegalidad. ¿Para ello no existe una corte denominada Consejo Superior de la Judicatura que es la potestada legalmente para dirimir los conflictos de competencia? No se trata de cohonestar la impunidad, pero si el primer mandatario desconfía de la Justicia Penal Militar, ¿entonces para que diablos la mantiene? Si el presidente tiene serios indicios de corrupción en la ya castrada justicia militar, sencillamente podría reformar nuevamente la Constitución para asignar la jurisdicción penal de militares y policías a la justicia ordinaria. De hecho, ya son muy pocos los delitos que esta jurisdicción conoce.
Y ni hablar de las declaraciones de Uribe y su vicepresidente, en las que de hecho condenaron a los miembros de la patrulla militar, vulnerándoles de un brochazo su derecho a la defensa, situación que puede dar al traste con la justicia en el evento de que se confirmen las sospechas ya planteadas. La Fiscalía General de la Nación y su CTI, seguramente ofrecerán la cruda realidad a los colombianos. Si hubo motivos espúreos, pues la ley debe caer con todo su peso sobre los culpables. Pero antes de ello, nuestros organismos de investigación deben finalizarla y luego emitir su informe final, para que ahí sí, nuestro presidente y vicepresidente la califiquen como masacre y asesinato, o de lo contrario la Fiscalía y el CTI, así como nuestros jueces, están sobrando.
El nombramiento de Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, puede significar un mejoramiento en los procedimientos, así como en las relaciones entre ministro y generales. El doctor Santos, es uno de los pocos altos funcionarios del Estado que tiene el honor de haber prestado sus servicios en las Fuerzas Militares, hecho que aunque muchos miren como insignificante, implica un conocimiento un poco mas profundo de nuestras instituciones armadas, que el que han ostentado los demás ministros civiles desde 1992.
Su condición de político en vez de ser un obstáculo, puede significarle un mejor trámite de su gestión ante el Congreso; sin embargo, la creación de una Central Única de Inteligencia estaría condicionada a mantenerla libre de la influencia politiquera y burocrática que se estila en Colombia. De lo contrario, es inútil crearla.