La desmovilización de 2500 combatientes del Bloque Mineros de las AUC, grupo que mantenía su área de operaciones en la región del Bajo Cauca antioqueño, le da un nuevo impulso revitalizador a la política de desmovilización del actual gobierno. Los ex terroristas a más del hecho de sacar del conflicto a un grueso número de terroristas armados, entregó al Alto Comisionado de Paz un helicóptero que era utilizado para que sus jefes coordinaran sus actividades antisubversivas y delincuenciales.
Con esta desmovilización se completan 11000 combatientes de las AUC quienes culminaron el dispendioso y criticado proceso de reinserción a la vida civil, cuya finalización debe darse a finales del mes de Febrero del presente año de acuerdo al plazo impuesto por el gobierno nacional.
Pero el problema que persiste y que mantiene preocupados a todos los sectores productivos, así como a los habitantes de esa rica región antioqueña – otrora ocupada en gran parte por las cuadrillas de las FARC y el ELN - es precisamente el regreso de los grupos terroristas ya mencionados.
El Bajo Cauca antioqueño ha sido tradicionalmente un crisol en donde se han fusionado las culturas costeña y andina, convirtiendo la región en una de las más ricas y productivas a nivel nacional. La región posee un caudal minero que posiblemente supere con facilidad otras regiones productivas colombianas, especialmente en lo que se refiere a metales preciosos, por lo que existen diversas compañías nacionales y extranjeras que explotan tal riqueza. Así mismo sus tierras son feraces y producen gran variedad de frutos agropecuarios, destacándose la explotación de la ganadería, proveyendo carne en canal y en pie para gran parte del país.
Lamentablemente y debido a la riqueza de sus suelos, también se cultivan con gran éxito la coca y amapola, negocio que fue explotado por los carteles de la droga como el de Medellín y Cali, para luego pasar a manos de las FARC, ELN AUC, lo que rápidamente se convirtió en la principal causa de enfrentamiento entre tales grupos.
Una vez se desmovilicen las AUC en la región, los grupos terroristas de izquierda tratarán de retomar el control de la zona, especialmente de las áreas rurales, pues las ganancias de la explotación minera, agropecuaria patentada en las extorsiones a los productores legítimos, así como el control total del narcotráfico, es una prebenda que las FARC y el ELN bajo su mando no van a desperdiciar tan fácilmente.
Al tenor de lo anterior, el problema está recayendo de manera contundente sobre la Fuerza Pública, especialmente al Ejército Nacional, que es la institución responsable – por lo menos en la práctica – de velar por la seguridad y tranquilidad de los colombianos en áreas rurales y urbanas en regiones apartadas. De hecho, las informaciones que desde antes de comenzar esta última desmovilización se publicaron en los diferentes medios nacionales e internacionales, dan cuenta del nefasto retorno de las FARC al Bajo Cauca, inclusive se habló de presencia de las cuadrillas en zonas cercanas a Tarazá, sitio escogido por las AUC y el gobierno nacional para finiquitar esta etapa.
La configuración geográfica de la región, dificulta la acción de las tropas militares y obviamente facilita la de los terroristas, pues éstos últimos ya la habían ocupado desde hace varios años antes, por lo que la conocen perfectamente y pueden ocasionarles dolores de cabeza al gobierno nacional si no se ejerce un control eficiente, con tropas suficientes y especialmente con la dirección política del gobernador del departamento sobre la acción estatal. Este mandatario regional es quien debe presentar al gobierno central los requerimientos para que se complemente la atención y ayuda necesaria no solo a nivel militar sino tal vez en aspectos más importantes como el campo social y económico, lo cual incluye la presencia activa de entes del estado que permitan que sus habitantes puedan disfrutar de niveles mínimos de bienestar para continuar ejerciendo su actividad productiva.
Tanto el presidente Uribe como el gobernador Gaviria, son constitucionalmente los responsables del manejo del orden público en sus respectivos niveles con la asistencia de las Fuerzas Militares y Policía Nacional; el primero ha cumplido con relativo éxito su misión – calificativo que en este nivel es óptimo, pues es uno de los pocos presidentes que ha enfrentado esta responsabilidad constitucional con decisión y energías peculiares – y el segundo debe aún probar su capacidad de liderazgo político regional, pues todavía no lo ha hecho, especialmente si como se acostumbra en nuestro país con los diferentes delfines, tiene aspiraciones más elevadas.
No sería suficiente asignarles la papa caliente a las unidades militares y de policía que tienen jurisdicción en el departamento de Antioquia con las mismas tropas que mantienen en la actualidad, es decir, sus unidades orgánicas, pues el problema se puede escalar a niveles dramáticos. Hay que incrementar substancialmente los efectivos militares y policiales en la zona, pues debemos recordar que los grupos terroristas de izquierda y derecha, utilizan métodos que riñen abiertamente con las normas del Derecho Internacional Humanitario sin inmutarse lo mínimo, mientras que las instituciones de la Fuerza Pública deben regirse por la legislación interna y gracias a la globalización por la de países europeos, lo cual las limita notoriamente en su lucha antiterrorista. Por ello es necesario que las Fuerzas Militares y Policía Nacional, doten de efectivos suficientes a la región, con el objeto de proteger a la población civil y evitar sufrir descalabros en detrimento de su imagen y en el fondo, de la gobernabilidad del Estado colombiano.
Esta es una coyuntura que seguramente el presidente Uribe está analizando concienzudamente, especialmente en esta época de campaña política para lograr su reelección. El departamento de Antioquia, cuna del primer mandatario, es también una de las regiones más influyentes en todos los campos del poder, precisamente por su enorme capacidad de producción económica y este es el principal motivo para evitar que recaiga en manos de los grupos terroristas colombianos.